El Mapa de Ruido de Ocio de Murcia, herramienta esencial para la gestión del impacto acústico en zonas de alta concentración de locales nocturnos, lleva más de dos años caducado.
Elaborado entre 2016 y 2017 y publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia en agosto de 2018, ha superado con creces su periodo de vigencia legal sin que se haya impulsado su actualización, a pesar de las obligaciones normativas en materia de contaminación acústica.
El propio mapa establecía la obligatoriedad de revisarse y actualizarse cada cinco años, según la normativa vigente. Sin embargo, mientras el Ayuntamiento asegura que "el mapa de ruido de zonas de ocio sigue vigente" gracias a supuestas actualizaciones, lo cierto es que estas no han contado con la participación de las asociaciones vecinales afectadas, como ha denunciado el presidente de la plataforma No Más Ruido, Pedro Pérez.
Por otro lado, lo más grave no es solo la caducidad del instrumento, sino el reiterado incumplimiento de las medidas que contemplaba. La creación de una "Policía de Ocio", la instalación de sonómetros y la limitación de nuevas licencias o terrazas en zonas saturadas nunca llegaron a implementarse de forma efectiva. De hecho, se han seguido instalando más mesas en la vía pública y se han autorizado nuevos locales en zonas que ya eran Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE).
Estas ZPAE, definidas en el artículo 66 de la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente contra la Emisión de Ruidos y Vibraciones, deberían contar con planes zonales específicos que garanticen una mejora progresiva de la calidad acústica. Pero estos planes no se han actualizado, ni se han aplicado las restricciones correspondientes.
A todo esto se suma el hecho de que el Consejo Sectorial del Ruido lleva más de un año sin convocarse, concretamente desde el 31 de marzo de 2023. Mientras tanto, organizaciones empresariales como la Federación de Hostelería HoyTú presionan para modificar la ordenanza, llegando incluso a desarrollar campañas en la calle para pedir más flexibilidad normativa.
Ante esta situación de dejadez institucional y vulneración continuada del derecho al descanso, en la Asamblea General Ordinaria celebrada este mes, la plataforma vecinal No Más Ruido acordó llevar estos incumplimientos ante la justicia. La contaminación acústica es un problema de salud pública reconocido por la Organización Mundial de la Salud, y no puede seguir siendo ignorado.
Es imperativo que las autoridades municipales dejen de anteponer intereses económicos y respondan a su obligación legal y moral de proteger la salud y el bienestar de sus ciudadanos.